De lo público y de lo íntimo

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El Tribunal Constitucional le dio muchas vueltas al asunto: el videoaficionado había captado la cogida de Paquirri y su entrada en la enfermería de la plaza. La familia del torero pedía los ingresos obtenidos por el aficionado, la retirada del video, en definitiva, la restitución de su derecho a la propia imagen, un derecho fundamentalísimo del que por lo tanto no se puede abusar. El demandado argüía el derecho a la información, también fundamentalísimo: la cogida y muerte de un torero es un asunto público. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia salomónica: dividió el metraje del video. La imagen del torero es pública mientras está en la plaza y es íntima, y propia por lo tanto de su familia, desde el momento en que entra en la enfermería.

Leo estos días las declaraciones de Ian Gibson que exigen su derecho a saber cómo murió y dónde fue enterrado Federico. Leo opiniones en prensa y las mismas alegaciones de la familia García Lorca que sostienen, por el contrario, que lo único universal es la obra del poeta, que sus restos son de la familia y que su interés de que repose en paz allí donde está es un interés protegido por el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Los derechos esgrimidos son los mismos en ambos casos. La solución propuesta por la familia y aceptada por la administración de declarar el paraje de Víznar como lugar apto para el enterramiento es justa y resuelve buena parte del problema.

Sólo queda por resolver un aspecto: de la información forense que resultará del análisis de los restos ¿qué datos merecen ser conocidos por cualquier ciudadano y qué datos son íntimos de la familia? Por un lado, está claro que los terceros no tienen ningún derecho a escarbar de manera morbosa las circunstancias de una muerte. Por otro lado, ni los más allegados pueden oponerse a la práctica de una autopsia y a la incorporación de esos datos a un sumario judicial que esclarezca un crimen.

Y de alguna manera, la Ley de la Memoria Histórica, ha convertido en crimen lo que durante setenta años no lo fue. Es por eso por lo que los residuos activos del franquismo se han movilizado y han logrado sentar en el banquillo, acusado de prevaricación, al juez Garzón. “Había que poner coto a determinados juececitos de la Audiencia Nacional que se dedicaban a hacer lo que no debían” —declaró el portavoz de Justicia del PP en el Senado, a propósito de la limitación de la justicia universal.

No muy bien, pero la Ley de la Memoria Histórica ha hecho algo que la Constitución no hizo: colocar los crímenes del franquismo en el terreno público y obligar a salir a la luz a los defensores de aquel régimen. Y esa debe ser la medida de la información que nos suministre la administración andaluza en el caso del enterramiento de Federico. Es público todo lo que esclarezca el crimen y aporte indicios sobre los criminales. No es poco. Es íntimo todo lo demás. Sólo es universal la obra del poeta.


 

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