Conclusiones del Experto Universitario en Derecho Ambiental.

Los miembros de la Primera Promoción de Expertos en Derecho Ambiental de la Universidad de Granada:
Convencidos de que una misma racionalidad científico-técnica, económico-mercantilista, mecanicista y patriarcal atraviesa las cuestiones del belicismo, la pobreza y la degradación del entorno natural y de que, por tanto, la crisis ecológica debe ser pensada como crisis civilizatoria cuyo origen radica en esas racionalidades  que constituyen el paradigma moderno.



Considerando  que la Ecología no es una simple ciencia natural sino un paradigma desde el que debe ser releído todo el saber humano y que constituye la alternativa llamada a inaugurar una nueva civilización biocéntrica, evolutiva y cronopolítica.
Convencidos  de que el giro hacia una nueva visión holística del mundo y una forma otra de pensar van de la mano con un profundo cambio de valores que necesita superar concepciones antropocéntricas y considerar al ser humano como parte de una comunidad biótica en la que interactúa con otras especies vivas y de que la interrelación entre las especies y el compromiso con las generaciones futuras de la nuestra nos obliga a una solidaridad simbiótica que implica la obligación moral de conservar, proteger y restaurar el entorno natural
Y CONSIDERANDO, finalmente, que el Derecho es un instrumento necesario, aunque insuficiente para hacer frente a todos estos desafíos del cambio de era y de que las propuestas provenientes del pensamiento de los juristas pueden contribuir en alguna medida a frenar los procesos de degradación ecológica y civilizatoria
HEMOS DECIDIDO dar a conocer a los poderes públicos y a la opinión pública en general las siguientes propuestas de reforma del sistema jurídico en sus momentos legislativo, judicial y administrativo en forma de conclusiones de nuestro curso.
I El medio ambiente como fin de Estado: Cuatro son los fines que el pueblo español asigna al Estado a través de la Constitución y en materia ambiental: conservar y restaurar el medio ambiente y proteger y mejorar la calidad de la vida. Los tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- deben, por tanto, si quieren obtener toda la legitimidad constitucional, deben actuar de conformidad con el interés ecológico poniendo en marcha programas ecológicos de decisión general en forma de ley; planificando y ejecutando de forma ecológica las políticas públicas, los planes, los programas y los desarrollos reglamentarios y, finalmente, interpretando y aplicando las normas de conformidad con los intereses ambientales legítimos.
II El Derecho humano a un medio ambiente adecuado: El poder legislativo está llamado, en primer lugar y sobre todo, a delimitar el ámbito y llenar el contenido del derecho constitucional no autónomo a un medio ambiente adecuado, precisando las condiciones del ambiente garantizado, las actuaciones mínimas de los poderes públicos en su defensa y las acciones procesales adecuadas para su tutela. En este sentido se aporta como ejemplo a seguir por el legislador español la próxima inclusión de este derecho en la Convención europea de Derechos Humanos no como derecho sustantivo, sino como derecho ciudadano a participar en los procesos de decisión política relativos al ambiente. Es necesario proceder al desarrollo de los mandatos contenidos en los artículo 45, 46 y 47 de nuestra Constitución desde la óptica del artículo 10.2 y por la vía de los derechos fundamentalísimos a la participación ciudadana (artículo 23) en los asuntos públicos ambientales y a la tutela judicial efectiva (artículo 24) del interés ambiental como interés colectivo.
III El medio ambiente como función administrativa. El correcto cumplimiento de los cuatro fines  requiere una intervención administrativa. Una administración inteligente podría constituir una formidable apuesta por un mundo más verde. Tres son los problemas que impiden una correcta protección del medio ambiente por parte de las administraciones públicas: la complejidad competencial de la administración española, la dispersión organizativa y la multiplicidad de centros de decisión y gestión. Por ello, para conseguir una adecuada protección del medio ambiente por parte de las administraciones estas deberían unificar criterios y aunar esfuerzos para la consecución de una mayor efectiviad administrativa ambiental. Para ello proponemos: la potenciación de los entes locales como órganos de gestión de la protección ambiental dentro de un adecuado sistema de planificación y control; mayor y mejor coordinación entre las distintas administraciones y la creación de un órgano de control ambiental autónomo. Sin olvidar la destacada importancia de la participación ciudadana de asociaciones y particulares en los asuntos públicos ambientales y el derecho del público a acceder a la información ambiental.
IV Poder judicial y medio ambiente. También la función jurisdiccional del Estado está llamada a colaborar en la tarea de adecuación de los sistemas sociales a su entorno natural. Es imprescindible para ello que los juzgados y tribunales de todos los órdenes entiendan que tienen legitimación sustancial derivada de la Constitución para conocer y resolver los conflictos en que aparezca el interés ambiental legítimo y colectivo. Se postula una mayor judicialización del conflicto ambiental a través de los órdenes civil y contencioso administrativo.
V Derecho Ambiental Internacional:  La dimensión mundial de muchos de los más acuciantes problemas ambientales hace inexcusable el perfeccionamiento de los mecanismos de protección internacional del medio ambiente, lo que a su vez exige una redefinición del concepto de soberanía. El Medio mundial como recurso compartido exige mecanismos internacionales de actuación que no adolezcan de falta de ejecutoriedad y la existencia de organizaciones multinacionales con capacidad real de acción. En este sentido debería avanzarse en la configuración de una autoridad mundial dentro de las Naciones Unidas. También se deben seguir perfeccionando y generalizando los mecanismos de vigilancia, prevención y responsabilidad internacional por daños al medio ambiente.  Por otro lado, sería necesario un ius cogens que -como mínimo necesario para la subsistencia de la Comunidad Internacional- no admitiera reservas ni restricciones. Pero, para que la protección internacional del ambiente sea efectiva y adecuada se ha de desarrollar solidariamente, conduciendo hacia la corresponsabilidad en la protección ambiental de todo tipo de actuación supraestatal.
VI La política ambiental de la Unión Europea: El Tratado de la Unión europea supone un avance en el soporte jurídico de la política ambiental europea. Esta política, si bien se encuentra desarrollada por una abundante normativa y definida en sus fines por los Programas de Acción, adolece aún de deficiencias que es indispensable subsanar, como son la dotación financiera de las políticas ambientales, la armonización de las legislaciones de los Estados miembros, el control del cumplimiento de la legislación comunitaria, o la definitiva puesta en marcha de la Agencia Europea del Medio Ambiente como instancia dinamizadora de la actuaciones con relavancia ambiental que se lleven a cabo en y por los Estados miembros.
VII Desarrollo sostenible. La crisis ecológica implica la necesidad de rediseñar el modelo de desarrollo y orientarlo hacia un modelo compatible con la conservación del medio mediante el cambio de las pautas de extracción, vaciado, producción, distribución, consumo y vertido de los recursos naturales. Cuando se consideran los múltiples elementos del medio natural y del medio humano que debieran intervenir en la toma de decisiones, es claro que la tarea resulta altamente compleja. En este punto sería necesario un cambio en profundidad del concepto de desarrollo económico para unirle palabras como equilibrio, estabilidad, diversidad, evlución y sucesión. Sobre todo, porque las decisiones respecto al desarrolllo económico que se tomaron en un pasado y las que se toman hoy influirán en las condiciones de los años venideros. Por tanto y para ser eficientes, las decisiones exigen objetivos, medios e instituciones apropiadas para alcanzar un proyecto civilizatorio en el que  Ecología sea igual a desarrollo económico y en el que los recursos nmateriales se utilizen con armonía, regularidad, coordinación, integración, eficiencia, solidaridad, educación y cooperación.
VIII Ecologización del mercado a través del derecho. Las actividades ecológicamente favorables pueden ser óptimas económicamente si se presta atención a la función de límite que el derecho juega con relación a los sistemas económicos. Si consideramos la contaminación como una externalidad negativa (un fallo de mercado) al derecho corresponde internalizar sus costes en el sistema de precios. Sostenemos la ineficacia del modelo de negociación entre particulares propuesto por las escuelas del Análisis Económico del Derecho para la resolución de los problemas ambientales más acuciantes. El medio ambiente no es una mercancía que se pueda usar y tirar, es un elemento indispensable para la vida del planeta por lo que no puede existir un mercado del medio ambiente. Ello no quiere decir que no podamos usar el mercado para alcanzar un desarrollo ecológico al menor coste. Las propuestas ecoliberales y el análisis económico del derecho nos sirven para valorar los costes/beneficios de las actividades, pero también ponen de manifiesto que en el campo ambiental junto a los costes monetarios hay que incluir otros factores como el bienestar social.
IX Reforma fiscal. Los costes totales asumidos por la sociedad son superiores a los individuales causados por los productores, por ello los gobiernos han de intervenir para ajustar estas diferencias a través de instrumentos económicos amparándose en el principio quien contamina paga. Es necesario promocionar e incentivar la producción ecológicamente aceptable a través de un sistema fiscal y de un sistema de incentivos y subvenciones a la utilización de tecnologías limpias. Es necesaria una reforma fiscal de conjunto que garantice alternativas, disuada el consumo, modifique conductas contaminantes y sistemas de producción, sustituyendo progresivamente a otros impuestos indirectos.
X La utilización racional de los recursos naturales.- La explotación de los recursos naturales ha de estar presidida por criterios conservacionistas. La lógica económica y especialmente la explotación abusiva tendente a la maximización de beneficios son incompatibles con la conservación. El instrumento normativo idóneo es el plan, ya que debe establecer las condiciones necesarias para la utilización racional de tales recursos. El PORN es una norma jurídica revestida de las condiciones de exigibiliad, coercitividad, sanción a su cumlimiento, etcétera. Como norma presenta una peculiaridad en su orientación hacia el futuro lo que confirma su idoneidad para el objeto de regulación. Pero también presenta el inconveniente de que lo no incluído en la regulación del PORN no estará sometido al régimen de protección que despliega. Esto hace que la conservación aprovechamiento e incluso agotamiento de un recurso concreto dependa de la voluntad u oportunidad política de protegerlo. La utilización racional de los recursos naturales, configurada como función administrativa por el artículo 45.2 de la Constitución, debe combinarse adecuadamente con la función social de la propiedad del artículo 33 para obtener así la nueva categoría de la función ecológica de la propiedad que serviría para limitar el uso de los bienes ambientales por los titulares del derecho de propiedad exigible como obligación jurídica de estos a partir del reconocimiento de la facultad de otros de exigir el respeto del interés ecológico. Este concepto supondría la inducción de un comportamiento determinado como propietario racional compatible con la maximización de su beneficio y con la conservación de la cosa.
XI Derecho privado: En este sentido, el derecho privado puede convertirse en un medio eficaz para conseguir mejores grados de protección del medio ambiente. La jurisdicción ordinaria es, a veces, una vía más rápida que la administrativa y más flexible para la delimitación de los ilícitos que la penal. Es conveniente utilizar el mecanismo de la responsabilidad civil como medio para asignar las responsabilidades por los gastos necesarios para la restauración del ambiente. Los mecanismos son rígidos, solamente exigen la reparación pero podrían flexibilizarse en atención al interés que se tutela, incluyendo así una indemnización pecuniaria, mecanismos de rehabilitación o cese de la actividad.
XII El abuso de derecho. La teoría del abuso de derecho, a pesar de sus limitaciones (esencialmente por el hecho de que la transgresión ha de ser manifiesta, lo que plantea problemas a la hora de probar ejercicios antisociales de derechos), puede ser utilizada para la garantía de intereses colectivos.
XIII La tutela judicial de intereses colectivos. Sería deseable un desarrollo del artículo 7.3 de la LOPJ que legitime o al menos articule fórmulas de intervención en el proceso a las asociaciones entre cuyos fines figure la protección del ambiente para el ejercicio de acciones de responsabilidad civil por daños al ambiente al considerarlas afectadas directamente en sus intereses a resultas de la resolución judicial que recaiga. Desde la perspectiva judicial se postula el que se proporcione efectivamente y el que se interpreten en consonancia con el principio de tutela judicial efectiva (24C) y el derecho al medio ambiente (45)  acciones y principios existentes en nuestro ordenamiento tales como la acción negatoria o interdicatal en el sentido y amplitud respecto a la primera en que la contempla la ley del parlamento de Cataluña de 9 de julio de 1990 que permitan al operador jurídico la rápida cesación del daño ambiental y su restauración.
XIV Delito ecológico. La delincuencia ambiental precisa de una respuesta del ordenamiento jurídico a través del Derecho penal como un instrumento más en la tutela del medio ambiente considerado como bien jurídico constitucional. La sanción penal equilibra el desarrollo económico ilimitado comprendiendo los costes ambientales que produce. Sería necesario que el proyecto de Código penal ampliara el conjunto de conductas objeto de sanción incluyendo además de las emisiones y vertidos las que atenten gravemente contra la supervivencia de las especies, la biodiversidad, la explotación irracional de los recursos naturales y la calidad de la vida.
XV La responsabilidad aquiliana juega una función decisiva. A pesar de sus limitaciones (sólo determinadas actuaciones que suponen daño ambiental y con un límite cuantitativo, el sistema de responsabilidad objetiva resulta el más adecuado para dilucidar en vía civil los resultados de determinadas acciones o riesgos cumpliéndose de esta forma una función preventiva para quien pone en funcionamiento un riesgo potencial de daño ambiental. La adopción de este sistema deberá ir acompañada de medidas que permitan la repercusión económica como sería la creación de un fondo estatal de compensación de seguros para cubrir las acciones e indemnizaciones de reparación por el daño producido. La legitimación pasiva debe atribuirse no a quien cause el daño material (autor inmediato) sino al titular de la actividad o explotación (mediato) ya que de esta forma se tiende a hacer coincidir la responsabilidad con la obtención de beneficios de riesgo o actividad.
XVI La evaluación ambiental. Es necesario conocer hasta donde pueden llegar la degradación ocasionada por determinadas acciones humanas sobre el entorno, evaluar los efectos negativos que pueden desencadenar y entender qué componentes del medio pueden recibir las consecuencias. Todo ello con el fin de ejercer un control efectivo sobre las mismas, evitando la degradación del medio y tratando de conservarlo dentro de unos límites de calidad y establecer políticas tendentes a un modelo de desarrollo sostenible en el que se haga un uso racional de los recursos.
XVII Auditorías ambientales. Es necesario resaltar la importancia de la auditoría ambiental como método eficaz de reducción de costes empresariales y destacar la rentabilidad de una gestión ambiental adecuada.
XVIII La calificación ambiental municipal el RAMNIP nació por una parte como respuesta normativa a la industrialización y por otra por la cnecesidad de definir y centralizar las competencias. Su impotancia radica en la labor preventiva que realiza mediante la concesión de licencias  y en ser el antecedente de la evaluación de impacto ambiental, pero actualmente la aplicación literal y exacta de sus disposiciones se hace difícil por tres razones: el artículo 45 de la Constitución, la instauración del Estado de las autonomías y el ingreso de España en la UE. Es, por tanto, necesario un cambio transicional que pase a primer plano la legislación de evaluación ambiental de manera que la actuación de las corporaciones locales sea actualizada y eficaz en la defensa preventiva del medio ambiente.
XIX Contaminación atmosférica. La presencia en el aire de sustancias y forma de energía que alteran su calidad hasta el límite de causar daño a los seres vivos, bien sea por sustancias o ruidos , llevaría al control de los niveles de calidad del aire por los ayuntamientos como instituciones eficaces para una lucha dinámica y periódica con objetivos de calidad en el tiempo. Es necesaria, la conciencia de llevar a cabo programas para reducir los niveles de emisión e inmisión a través de las licencias, la evaluación del daño que ciertas actividades producen en la atmósfera, una mejor planificación de la utilización del suelo con objeto de prever la incidencia de una decisión en el medio natural cuyas consecuencias son en ocasiones irreversibles, así como la educación ciudadana, todo ello se hace cada vez más necesario para proteger algo que afecta a la calidad de vida de todas las especies.
XX Ley Andaluza de Protección ambiental. En el ámbito de la Comunidad autónoma andaluza hay que decir que si bien el deficiente régimen de sanciones del RAMNIP se ha suplido por el pormenorizado régimen de la reciente ley de protección ambiental, esta debería articular los mecanismos jurídicos para permitir a las corporaciones locales la ampliación de las actividades sometidas a calificación ambiental  (contenidas en el anexo III siguiendo el modelo del Reglamento de actividades: anexo abieto y meramente indicativo.

 

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